La Diputación de Teruel (DPT) ha publicado, esta mañana, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPTE), la convocatoria de ayudas para programas de cooperación al desarrollo de 2023. Las ONGs y otras entidades de ayuda al desarrollo y solidaridad, con sede y actividad en la provincia de Teruel,  podrán presentar sus solicitudes para esta línea de subvenciones, dotada con 69.000 euros, a partir del próximo lunes 17 de abril y hasta el viernes 20 de mayo, a través de la Sede Electrónica de la institución provincial. 

“Quiero destacar la gran labor de las asociaciones que concurren a estas ayudas por sus grandes proyectos y por su trabajo incansable”, ha señalado la diputada de Bienestar Social, Rosario Pascual, en la reunión mantenida con la plataforma de entidades que desarrollan proyectos de cooperación para darles a conocer esta nueva convocatoria y las mejoras acometidas en el pliego a raíz de las impresiones compartidas en otro encuentro celebrado el pasado mes de enero.

Pascual ha aprovechado para animar a los integrantes de la plataforma, representada en la reunión por Marta Sanz de Cáritas, Juliana Gómez de Ecosol-Sord, Beatriz Benito de Fundación Cepaim, Virginia Callau de Cruz Roja y Elena Cuéllar de Fundación San Ezequiel Moreno, a presentar proyectos a la convocatoria de subvenciones de este año. Además, se ha comprometido a organizar otra nueva reunión que aborde las posibles dificultades encontradas en el proceso de solicitud para seguir mejorando esta línea de ayudas que, ha señalado, “debe seguir creciendo para cumplir los objetivos comprometidos en el pacto de la pobreza”.

Asimismo, la diputada ha recordado que en la convocatoria de 2022 se beneficiaron un total de 10 ONGs y entidades que han contribuido “al desarrollo y a la atención de las necesidades básicas de la población en los países menos adelantados”, ha señalado Pascual. 

Ejemplo de ello ha sido la Fundación Más Vida que, con la subvención concedida de 7.188 euros, ha llevado a cabo su proyecto de promoción de la salud y de acceso a la escolarización en la comunidad rural de La Montañita, en el municipio de Estelí (Nicaragua). 

Con esta intervención, la fundación ha conseguido extender su ámbito de actuación a cuestiones tales como la organización y participación comunitaria, la promoción de la salud y la escolarización y las sinergias con otros proyectos de la entidad ejecutora u otros que puedan existir.

Las acciones concretas que han realizado han sido el seguimiento individualizado de los menores para garantizar su buen estado de salud y desarrollo, la prevención de la desnutrición en niños y niñas a través de la provisión de un refuerzo alimentario servido en el comedor de la escuela, la facilitación del acceso a material escolar y didáctico, así como la promoción de la coeducación y la adecuada gestión de la diversidad en la escuela para eliminar las barreras de género y otros tipos de discriminación. 

Otra de las diez entidades beneficiarias de la convocatoria de 2022 ha sido Ecosol-Sord, que ha recibido una subvención de 3.262,50 euros para su proyecto de mejora del aula de informática y del funcionamiento del centro de educación especial ‘Ángeles de Esperanza’, ubicado en el municipio rural de San Juan de Opoa (Honduras). 

Esta actuación, enmarcada en el Proyecto Ángeles de Esperanza que comenzó en 2004, ha permitido mejorar la atención educativa y rehabilitadora del centro, permitiendo el manejo de aplicaciones específicas de programas educativos, juegos de estimulación temprana, actividad logopédica y medios informáticos previos a su acceso al bachillerato. 

Por otro lado, la diputada ha señalado que, este año, aparte de los 69.000 euros presupuestados para esta convocatoria, se va a destinar una partida de 10.000 euros a Cruz Roja para damnificar a los afectados por los terremotos de Siria y Turquía.  

Bases de la convocatoria

Tal y como establece la convocatoria, el periodo de actividad subvencionable debe comprender desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023. Las ayudas pueden otorgarse tanto a proyectos ya iniciados como a pendientes de realización. En este último caso, la ejecución de los mismos deberá comenzar en un plazo máximo de cuatro meses a partir de la recepción de la notificación de la subvención concedida. 

Estos proyectos de intervención social deben estar sustentados en el principio de solidaridad y contribuir al desarrollo y atención de las necesidades básicas de la población de los países menos adelantados.

Las bases establecen siete líneas de subvención en las que se pueden enmarcar las acciones: proyectos de cooperación para el desarrollo que satisfagan las necesidades básicas y promuevan el desarrollo local, humano, igualitario y sostenible, en zonas más necesitadas de los países en vías de desarrollo, excluyendo aquellos que tengan por objeto la ayuda humanitaria o de emergencia; sensibilización para crear en la provincia una conciencia solidaria y generar cambios personales y sociales que posibiliten unas relaciones internacionales justas, promoción del comercio justo, educación para el desarrollo a través de programas que promuevan en la provincia una ciudadanía global generadora de una cultura de solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, formación del voluntariado, acogida temporal en la provincia de menores procedentes de países en desarrollo, y la realización de acciones de codesarrollo que, partiendo de los colectivos y asociaciones de inmigrantes con sede en la provincia, realicen acciones de desarrollo en sus países de origen.

Además, tendrán un carácter preferente aquellas actuaciones que incidan en áreas geográficas de países que tengan un Índice de Desarrollo Humano bajo. Estas son: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Haití, Chad, República Democrática del Congo, Etiopía, Malawi, Senegal, Magreb, Marruecos y campamentos de refugiados saharauis. 

La preferencia de los proyectos también vendrá marcada por los sectores hacia los que se dirijan, siendo prioritarios las acciones orientadas a los servicios sociales básicos (educación, salud y acceso al agua potable y saneamiento básico), al fortalecimiento de las estructuras democráticas y  a la protección de los derechos humanos, así como los proyectos de economía social.

Las subvenciones tendrán un importe máximo de 15.000 euros y se concederán a a ONGs y otras entidades de ayuda al desarrollo y solidaridad, legalmente reconocidos y que cumplan las condiciones recogidas en la convocatoria.