“Las ayudas al funcionamiento vigentes desde el 1 de enero de 2023 no tienen efectos destacables”. Es la principal conclusión del trabajo de campo de la Red SSPA realizado por un equipo de expertos dirigidos por el doctor en Economía, José Antonio Herce.

El documento presentado hoy es la continuación del informe “Las Ayudas al Funcionamiento y la lucha contra la despoblación: Impacto Económico”, realizado el pasado año.

En esta segunda parte, el equipo de investigadores realiza una evaluación de escenarios y efectos sobre el empleo, basada en las encuestas a empresas realizadas en las tres provincias del lobby SSPA: Soria, Teruel y Cuenca.

Pese a que los técnicos concluyen que la mera existencia de las ayudas es, en sí, importante, la realidad de este último año indica que “hasta ahora se ha desaprovechado la oportunidad de crear una palanca de acción contra la despoblación por una de las vías más importantes: el canal empresarial del empleo y la actividad económica”.

En 2023, las distintas reducciones aplicadas por el Gobierno suman 28,54 millones de euros en los tres territorios. En el desglose, 7,1 millones corresponden a las empresas de Soria, 9,86 millones a Teruel y 11,58 millones a Cuenca.

Es, en opinión del lobby SSPA, formado por FOES, CEOE Teruel y CEOE CEPYME Cuenca, una cantidad insuficiente objetivamente “que las invalida en relación con el objetivo buscado, que es la mejora de la competitividad de las empresas radicadas en zonas despobladas mejorando su supervivencia en el territorio y fomentando la captación de recursos humanos adicionales (nuevos pobladores), en un marco trufado del resto de limitaciones que conlleva la despoblación”.

El informe destaca el desconocimiento que aún reina entre el empresariado sobre las ayudas al funcionamiento. El 44% de los encuestados no son conscientes de que se están aplicando de oficio, si bien a medida que aumenta el conocimiento, se incrementa el descontento por la baja afectación que están teniendo.

La encuesta realizada por el equipo de Herce plantea distintos escenarios posibles en la aplicación de las ayudas, partiendo de la premisa de que “cualquier ayuda tiene que permitir elevar la limitación del empleo”.

En el escenario actual, tan solo un 0,3% de las empresas estarían creando empleo como efecto de las ayudas al funcionamiento (unos 64 puestos de trabajo).

Las empresas crearon puestos de trabajo en 2023, pero no a consecuencia de estas bonificaciones ni en la proporción necesaria para conseguir el objetivo final de revertir el proceso de despoblación.

Los resultados de la investigación confirman que frente al escenario actual (entre el 5%y el 20% de bonificación en cotizaciones empresariales a la Seguridad Social), una mejora de las ayudas consistente en la exoneración del 100% de las cuotas empresariales por contingencias comunes rondaría unos 6.000 empleos nuevos como efecto de su eventual implantación.

Por su parte, una bonificación más ambiciosa que alcanzase el 20% de los costes laborales brutos, que es el límite autorizado por la Unión Europea, podría llegar a producir entre 11.000 y 13.000 empleos nuevos.

La encuesta no permite efectuar cálculos sobre el impacto en el PIB o sobre el retorno fiscal, pero evidencia lo fundamental: “Las ayudas actuales son un instrumento claramente insuficiente, teniendo en cuenta el margen disponible para poner en juego otros escenarios compatibles con el marco europeo, que sí producirían efectos significativos sobre el empleo”.